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SOBRE LA NECESIDAD DE MEDIR LA ELEVACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
El profesor D. Enrique Cabrera Marcet, es Dr. Ingeniero Industrial. Catedrático Emérito de Mecánica de Fluidos de la UPV

El Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) del ya lejano 2001, establece la obligatoriedad de instalar contadores en todos los pozos para medir el volumen de agua elevado. El texto reza “los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados”. Veinte años después son pocos los pozos con medidores y, lo que es peor, los más de los instalados incumplen, más voluntaria que involuntariamente, la metrología aplicable al caso. Los pozos de los abastecimientos urbanos suelen ser la excepción. En un uso preferencial nada hay que esconder y, además, son gestionados por técnicos obligados a conocer la eficiencia hídrica y energética de sus sistemas, lo que exige medir.

El escaso entusiasmo que suscita medir o, cuando es inevitable, medir mal, tiene fácil explicación. El gestor del pozo (legal o ilegal), desconocedor de las ventajas que la medición le otorga, rehúye un control que, piensa, puede impedirle elevar un volumen superior al autorizado (nulo si es ilegal), lo que favorece el descontrol. Es éste un escenario inconveniente, mayormente si el acuífero está sobreexplotado. El caso de Ibiza, con sus acuíferos salinizados, es de libro. Pero claro, como la actividad de algunos hoteles y urbanizaciones depende de esa agua, los responsables de ordenar el desorden se ponen de perfil. El desastre se completa con el transporte del agua desde los pozos hasta los puntos de consumo con camiones cisternas (la ilegalidad del pozo impide autorizar la instalación de tuberías). Además de las incomodidades, el consumo energético es trescientas veces superior. Contrasta el glamour de la isla con tamaño despropósito.

Pero los años pasan y nadie se atreve a meter mano a uno de los mayores problemas que la política del agua tiene pendiente. Hay respeto, si no miedo, a abrir un melón que puede devenir bomba de relojería. De ello puede dar fe Cristina Narbona cuando, allá por 2005 y a la sazón Ministra de Medio Ambiente, decretó el cierre de 5000 pozos ilegales, los más en el acuífero 23 de la Mancha Oriental. Ante las formidables presiones de los agricultores, reculó. El coste de “tamaña osadía” lo asumió, con su cese, el Comisario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Desde entonces impera la política del avestruz, la peor de las estrategias porque el tiempo agudiza el problema. California, que ha bebido de este cáliz, comenzó a moverse en 2015 promulgando la Sustainable Groundwater Management Act, experiencia a estudiar a fondo antes de iniciar tan complejo viaje.

Y en estas se está cuando llega una formidable crisis energética que, superpuesta al galopante cambio climático, hace inevitable mover ficha. Hay que minimizar los impactos, energético y ambiental, asociados. El energético porque, aunque sin datos oficiales (con tanto pozo ilegal, no puede haberlos) la elevación de estas aguas consume unos 3000 GWh/año (entre el 1 y el 2 por cien del gasto total). Y si, como en California, la eficiencia media no llega al 50%, la mitad de esa energía se puede ahorrar lo que, al precio actual del kWh y con el mix energético vigente, supone reducir en 750 millones de euros anuales los costes de elevación y en otras tantas toneladas las emisiones, lo que contribuye a minimizar el impacto ambiental. También se minimiza posibilitando que estas aguas estén listas para desempeñar el papel crucial que, en periodos secos, deben jugar. La medición, pues, puede convertir la crisis en oportunidad.

Porque para determinar, y después mejorar, la eficiencia del bombeo y evaluar la salud del acuífero es necesario conocer volumen y altura de elevación. Por ello, a la actual obligatoriedad de medir volúmenes, debiera añadirse medir la profundidad del acuífero. Y aún se puede ir más lejos calificando energéticamente el bombeo y el estado del acuífero. Una información que, en la época del agua digital, puede centralizarse. De este modo, el actual panorama tercermundista devendría en ejemplo a seguir.

Pero, aprendiendo de la historia, hay que hacerlo con decisión y, al tiempo, con tiento. Hay que evitar la clausura de pozos ilegales por el daño económico y social que conlleva. La administración debe, pues, ser, antes que fría e inquisidora, pedagógica. Debe explicar que el camino actual, en el medio largo-plazo, no conduce a ninguna parte, subrayando al tiempo las ventajas inherentes a una gestión ordenada. Una pedagogía esencial porque también será necesario implantar un impuesto ambiental que grave la extracción del agua en función del acuífero (sobreexplotado o no), del uso (agrícola, urbano o industrial) y de sus circunstancias (pozo ilegal o legal). Un impuesto finalista, ampliamente contrastado en otros países, variable en función del estado del acuífero y que ayude a racionalizar el uso del agua.